Y DE MI DERECHO A DECIDIR ¿QUÉ?

La corrupción, con el llamado caso Bárcenas como episodio estrella, viene originando un furibundo debate que ha tapado otro de incluso mayor gravedad: la declaración soberanista catalana. La primera se abordó recientemente en el post “Corrupción en tres crisis” (http://elblogdepitarch.blogspot.com.es/2013/01/corrupcion-en-tres-crisis.html). Ahora es momento oportuno de debatir sobre la segunda bien que, sobre el tema catalán, también hemos discutido mucho en el pasado. Pero no se puede obviar lo que hoy ha sucedido en Cataluña. Animo a los lectores a superar la tentación de abandonarnos al hastío. Sería tanto como dar nuevas alas a los independentistas. Porque la anunciada y conocida como “declaración soberanista”, auspiciada por CiU y ERC, ha sido aprobada esta tarde en el parlamento catalán con 85 votos a favor (CiU, ERC, Iniciativa y CUP), 41 en contra (PP, PSC y Ciutadans) y dos abstenciones. El Sr. Junqueras, presidente de ERC, llevando por el ronzal al Sr. Mas, ha obligado a la Generalidad a dar un gran salto cualitativo. Un salto hacia el vacío. Un espadazo que estruja al estado contra la pared. 

Veremos ahora cómo el “molt honorable” y sus compañeros de viaje a la nada gestionan su declaración. Se trata no solo de una declaración política, sino también de un acto jurídico concreto. Éste, en mi opinión, es recurrible desde ya. Desborda sin paliativos la legalidad vigente. La afirmación “El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano" es una intolerable provocación al estado, al chocar frontalmente con el artículo 1.2 de la Constitución que estipula que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Previsiblemente, los independentistas, sobre aquella base, podrían tratar de alcanzar un acuerdo con el gobierno de la Nación para ganar tiempo hasta poder convocar su referéndum soberanista. Aplicando la ley, es un acuerdo imposible. El gobierno no puede saltarse la ley. No sería descartable entonces, por aquello de que “la consulta se hará digan lo que digan el gobierno español y el Tribunal Constitucional” (Oriol Junqueras dixit), los separatistas elaboraran y aprobaran en el parlamento catalán una particular ley de consulta para utilizarla como coartada  y base jurídica propia y auto-legitimadora, para una potencial llamada a los ciudadanos de Cataluña a votar sobre el “derecho a decidir”. 

Tal pretendido derecho es la cuestión medular del problema. No hay que tratar de determinar quiénes son o no los ciudadanos de Cataluña con derecho al voto plebiscitario. Eso es una trampa y un falso debate. No, para mí la esencia del problema planteado es mi propio derecho a decidir —que yo también proclamo y reivindico— sobre un asunto de tan inmensa trascendencia, como es una supuesta partición del territorio nacional. Un derecho que los separatistas nos quieren birlar a los casi cuarenta millones de ciudadanos no catalanes. Un derecho incluido en el artículo 92 de la Constitución, que prescribe que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. En román paladino y sin ambages, la declaración soberanista aprobada hoy por el parlamento catalán es un acto hostil, una agresión y una violación del derecho que tiene el 84% de la población española, a ser consultado en cualquier plebiscito en el que directa o indirectamente se plantee una hipotética partición de España. 

Como escribía el pasado 13 de septiembre en el post “Apagar el fuego” (http://elblogdepitarch.blogspot.com.es/2012/09/apagar-el-fuego.html), que tuvo algún eco, sigo pensando que todavía hay lugar, aunque ya bien pequeño, para “la POLÍTICA con mayúsculas”, así como para “evitar a toda costa la ruptura del pacto constitucional y el desbordamiento de la tensión social y territorial. De abandonar retóricas estériles y aunar esfuerzos para salir todos juntos de la crisis. Momento, en definitiva, de apagar los fuegos y no de avivarlos”. De cualquier forma, el gobierno de la nación, en algún momento —y mejor antes que después puesto que su credibilidad política está en juego—, está obligado a ejercer, frente al separatismo activo, la autoridad y las competencias de las que está investido. Así como utilizar todos los resortes y medios que para ello le atribuye la Constitución. Desde el mero recurso al Tribunal Constitucional para suspender un potencial plebiscito, pasando por el artículo 155 de la Constitución para suspender la Autonomía catalana, hasta llegar potencial y desgraciadamente, y como último recurso, al empleo de la fuerza. Dentro de la ley todo. Fuera de ella, nada.